El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó 10 mil 577 denuncias en Puebla en el marco de los juicios masivos promovidos entre 2012 y 2019, pero solo 156 casos correspondían a derechohabientes que residían en el estado.
Durante la conferencia mañanera, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que esta práctica, que afectó a 373 mil 812 derechohabientes en todo el país, formaba parte de una estrategia sistemática para despojar de sus viviendas a miles de trabajadores.
Explicó que estos juicios, llevados a cabo en diferentes estados de la República, costaron al Infonavit alrededor de 29 mil millones de pesos, pagados a 18 despachos legales que, según el funcionario, fueron clave en la conformación de una red de corrupción que incluía a jueces locales.
La estrategia detrás de los juicios masivos
Una de las tácticas utilizadas por el Infonavit para despojar a los derechohabientes de sus viviendas consistía en iniciar los juicios en estados diferentes al de residencia del afectado. Esto dificultaba que los acreditados tuvieran conocimiento de los procesos legales iniciados en su contra, dejándolos en una situación de indefensión.
En el caso de Puebla, de las 10 mil 577 denuncias presentadas, 10 mil 421 corresponden a personas con residencia en otros estados, dejando en claro que el estado fue utilizado como una de las sedes principales para estos procesos judiciales.
Además, Romero Oropeza reveló que 6 mil 515 derechohabientes poblanos enfrentan denuncias ante el Juzgado 60 de la Ciudad de México, donde el Infonavit promovió juicios contra un total de 63,444 acreditados, de los cuales solo el 4% (3 mil 1 personas) residen en la capital del país.
Despojos masivos y la red de corrupción
Como resultado de los juicios masivos, 249 mil derechohabientes en todo el país fueron despojados de sus viviendas. Al respecto, Romero Oropeza señaló que estos despojos fueron posibles gracias a una red de corrupción que involucraba a jueces locales y despachos legales, quienes operaban para beneficiar intereses particulares en detrimento de los trabajadores afectados.
Ante estas irregularidades, el Infonavit ha presentado denuncias penales contra funcionarios de varios Poderes Judiciales estatales, así como contra abogados que participaron en los procesos fraudulentos. Según Romero Oropeza, esta es solo una parte de un esfuerzo mayor para combatir la corrupción en el organismo.
Otros casos de corrupción en el Infonavit
El director del Infonavit recordó que esta no es la primera vez que se denuncian irregularidades al interior del instituto.
En diciembre de 2024, se dio a conocer que el organismo había pagado 6 mil 93 millones de pesos a constructores que incumplieron con la edificación de viviendas.
Estos pagos, realizados en administraciones anteriores, forman parte de una serie de anomalías que han afectado tanto al presupuesto del instituto como a miles de derechohabientes en el país.
Contexto nacional
El Estado de México, Tamaulipas y Chihuahua concentran la mayoría de los juicios masivos promovidos por el Infonavit, según informó Romero Oropeza. Sin embargo, el caso de Puebla destaca no solo por la cantidad de denuncias presentadas, sino también por el uso de sus juzgados como parte de esta estrategia nacional de despojo.
Estas prácticas, que se llevaron a cabo durante siete años, han generado indignación entre los derechohabientes afectados, muchos de los cuales han perdido su patrimonio sin haber tenido la oportunidad de defenderse.
Ante esta situación, la actual administración del Infonavit se ha comprometido a investigar y sancionar a los responsables, así como a implementar medidas que garanticen mayor transparencia y justicia para los trabajadores.
Medidas para evitar futuras irregularidades
Octavio Romero Oropeza aseguró que el Infonavit está trabajando en una reforma integral de sus procedimientos internos para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Entre las medidas anunciadas, se incluyen:
- Mayor transparencia en los procesos legales: La implementación de sistemas digitales que notifiquen directamente a los derechohabientes sobre cualquier juicio o acción en su contra.
- Supervisión independiente: La creación de comités ciudadanos que puedan vigilar los procesos internos del instituto.
- Sanciones ejemplares: El fortalecimiento de las acciones legales contra los responsables de las irregularidades detectadas.
Finalmente, Romero Oropeza subrayó que la corrupción al interior del Infonavit no solo ha dañado a los derechohabientes, sino también la credibilidad del instituto como una entidad clave para garantizar el acceso a la vivienda digna en México.
Por ello, hizo un llamado a los trabajadores para que denuncien cualquier irregularidad y se mantengan atentos a los esfuerzos de transparencia emprendidos por la actual administración.