Habitantes de los pueblos originarios de San Pedro Cholula y San Andrés Calpan han manifestado nuevamente su firme oposición al proyecto del Centro de Transformación de Desechos Orgánicos e Inorgánicos, el cual se plantea como una reconversión del relleno sanitario de Cholula.
La razón principal de su rechazo radica en los altos niveles de contaminación que ya afectan a la zona, convirtiéndola en un espacio inviable para continuar recibiendo residuos, como lo han demostrado investigaciones realizadas por académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco.
En una carta pública dirigida al gobernador Alejandro Armenta Mier, la organización Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua expresó que su resistencia al proyecto no es una simple protesta sin fundamentos, sino que está respaldada por estudios científicos y evidencias claras de los daños ambientales causados por el antiguo relleno sanitario.
Este sitio fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debido a múltiples violaciones a las normas ambientales, incluyendo la saturación de su capacidad y la contaminación del suelo y los mantos acuíferos de la región.
La misiva responde directamente al llamado que hizo el gobernador el día anterior, exhortando a los pobladores de Cholula a “no frenar el proyecto del Centro de Transformación de Desechos Orgánicos e Inorgánicos”.
Al respecto, Armenta advirtió que, de no concretarse este plan, la basura terminaría en ríos y barrancas, agravando aún más la contaminación de los ecosistemas locales.
Sin embargo, los habitantes de la región calificaron estas declaraciones como una postura alejada de la realidad ambiental y acusaron al mandatario de favorecer intereses económicos sobre los derechos de las comunidades y la protección del medio ambiente.
“Aunque respetamos sus declaraciones, no compartimos su postura. Su visión carece de enfoque ecológico, está repleta de engaños y responde únicamente a los intereses de la mafia industrial de la basura, no al bienestar del pueblo ni del medio ambiente que dice defender”, señala la carta firmada por diversas comunidades nahuas afectadas.
Una zona ambientalmente devastada
En el documento, los habitantes recalcan que la oposición al proyecto tiene bases sólidas.
El antiguo relleno sanitario de Cholula no solo excedió su vida útil, sino que operó sin cumplir con las normativas básicas para el manejo de residuos, superando en un 500 % su capacidad máxima permitida.
Estudios de la UAM documentaron cómo esta falta de regulación convirtió el sitio en un foco de contaminación para los suelos y los mantos acuíferos de la región cholulteca, afectando gravemente el equilibrio ambiental y la calidad de vida de las comunidades cercanas.
A pesar de estos antecedentes, ni las autoridades ni la empresa operadora del relleno, Pro-Faj, tomaron medidas correctivas durante su funcionamiento. Según los habitantes, las condiciones actuales de la zona hacen inviable la instalación de un nuevo centro de transformación de residuos en el mismo lugar.
Acusaciones de discriminación ambiental
Además de los argumentos técnicos, las comunidades originarias señalaron que la insistencia en desarrollar el proyecto en territorio de pueblos indígenas refleja un sesgo discriminatorio.
En un tono crítico, cuestionaron al gobernador: “Si no hay riesgo de contaminar el subsuelo, si el basurero no molesta ni genera impacto negativo, ¿por qué no lo pone en su casa, junto a Casa Puebla o en Angelópolis, donde se genera más basura? ¿Por qué insistir en mantener este proyecto en San Pedro Cholula y San Andrés Calpan? ¿Discriminación, señor gobernador? ¿Acaso los pueblos originarios sí podemos sufrir de contaminación, pero las zonas ricas no?”.
Las comunidades enfatizaron que las zonas afectadas ya han soportado históricamente los impactos de proyectos que degradan el medio ambiente y exigieron que las decisiones sobre la gestión de residuos sean tomadas en consulta con los habitantes locales, respetando su derecho a un entorno saludable y a la participación activa en la toma de decisiones.
Una lucha por justicia ambiental
Los habitantes pidieron al gobierno de Alejandro Armenta Mier que priorice soluciones basadas en la sustentabilidad y la justicia ambiental, en lugar de perpetuar prácticas que favorecen intereses económicos a costa del medio ambiente y las comunidades más vulnerables.
Con una creciente presión por parte de las comunidades indígenas y el respaldo de estudios científicos que evidencian los impactos del antiguo relleno sanitario, este conflicto pone en el centro del debate la necesidad de un modelo de gestión de residuos más inclusivo, transparente y sostenible, que respete tanto al medio ambiente como a los derechos de los pueblos originarios.