El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reveló este miércoles que sólo una familia, que fue beneficiada durante el mandato del panista Rafael Moreno Valle, está detrás de la concesión del agua en Puebla y el Museo Internacional del Barroco (MIB), en alusión a las empresas de los Hank Ron.
En conferencia de prensa, desde el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, señaló que este vínculo refleja cómo un reducido grupo de intereses privados manejó grandes proyectos de infraestructura pública bajo administraciones pasadas.
Armenta destacó que estas empresas están conscientes de la necesidad de renegociar la deuda pública derivada de estas obras, heredada de los gobiernos del morenovallismo, con el objetivo de salir de la «lista negra» de quienes han saqueado el Estado y, en su lugar, alinearse con los intereses de la ciudadanía.
La deuda pública heredada y los retos de renegociación
El mandatario señaló que la deuda pública que dejó la administración morenovallista asciende a 60 mil millones d epesos, cifra que incluye obras como el Museo Barroco, el CIS de Angelópolis y las Plataformas de Audi.
Estas se ejecutaron bajo esquemas de financiamiento como las Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), mecanismos que, aunque útiles en teoría, fueron utilizados de forma cuestionable en estos casos, resultando en un severo endeudamiento del estado.
Dijo que la Secretaría de Planeación y Finanzas de Puebla está trabajando en un análisis exhaustivo para renegociar esta deuda con la institución financiera Banorte, responsable del financiamiento de proyectos clave como Agua de Puebla y el Museo Barroco.
Según Armenta, el objetivo de esta renegociación es reorientar los recursos hacia áreas prioritarias, como el fortalecimiento de la estrategia de seguridad pública, considerada fundamental para garantizar la tranquilidad y el bienestar de las familias poblanas.
«No estamos en contra de las obras, sino de la corrupción»
El gobernador aclaró que su administración no se opone a la construcción de obras como el CIS, el Museo Barroco o las Plataformas de Audi, sino al manejo irregular de los recursos públicos y a los actos de corrupción que caracterizaron a los gobiernos panistas responsables de estos proyectos.
“Agua de Puebla y SOAPAP (Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado) van de la mano porque las empresas financieras detrás de Agua de Puebla y el Museo Barroco son las mismas. Ellos saben que es necesario un replanteamiento, y eso me da gusto porque demuestra sensibilidad. Lo que necesitamos es que salgan de la lista negra y entren a la lista buena, en la que todos ganan, pero sin que pierda el pueblo,” puntualizó.
El vínculo entre las empresas encargadas de estos proyectos ya había sido señalado por el exgobernador Miguel Barbosa Huerta, quien en agosto de 2019 denunció que las APP y PPS utilizadas durante las administraciones panistas, particularmente en el sexenio de Rafael Moreno Valle, representaron un esquema para desviar recursos públicos y comprometer las finanzas del estado a largo plazo.
En su momento, Barbosa estimó que la deuda pública derivada de estas operaciones alcanzó niveles insostenibles, limitando la capacidad del estado para invertir en áreas prioritarias como salud, educación y seguridad.
Un nuevo enfoque en la gestión pública
La administración de Alejandro Armenta busca marcar un punto de inflexión en la gestión pública de Puebla, enfrentando los rezagos financieros heredados y priorizando la transparencia en el manejo de los recursos.
Según el mandatario, las negociaciones en curso no solo buscan reducir la carga económica para el estado, sino también garantizar que las empresas involucradas en estos proyectos se comprometan con los intereses del pueblo poblano.
“Este replanteamiento no solo se trata de números, sino de justicia para Puebla. Queremos un manejo responsable de los recursos públicos, que permita generar beneficios reales para las familias y no para unos cuantos intereses privados,” concluyó el gobernador.
El manejo de la deuda pública y los esquemas de financiamiento han sido un tema recurrente en la política de Puebla durante los últimos años.
Las APP y los PPS, aunque diseñados para fomentar la colaboración entre el sector público y privado, han sido duramente criticados por su opacidad y los costos desproporcionados que suelen implicar para las arcas públicas.