Luego de las versiones que han corrido de la presunta huida del alcalde de Zapotitlán de Méndez, Emiliano Vázquez Bonilla, por el supuesto asesinato de un petista en la víspera a las elecciones del 2 de junio, el secretario de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, informó que si está prófugo de la justicia es un tema que corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE)
En rueda de prensa, el funcionario estatal expuso que en el municipio en mención hubo una colaboración de las diferentes instancias de seguridad pública, para garantizar que los comicios se pudieran realizar sin riesgo.
“En Zapotitlán hubo esta versión y en todos los casos hemos sido muy responsables de que sea a través de la instancia judicial, donde se desarrolle la denuncia correspondiente y la investigación”, dijo.
Dos días antes de la elección del 2 de junio, el alcalde Emiliano Vázquez Bonilla fue acusado por vecinos de haber incitado a la violencia entre personas afines del Partido del Trabajo (PT), e incluso se registró el asesinato del chofer del candidato Salvador Tino Martínez, y desde entonces la gente afirma que el edil no se encuentra en la localidad.
Vázquez Bonilla es el principal sospechoso del asesinato de Omar Malagón, alías El Güero, debido a que testigos asegura que el presidente se encontraba en estado de ebriedad y atacó a balazos un vehículo en el que viajaban militantes petistas, dejando un muerto y dos lesionados.
En otro tema, Aquino Limón dio a conocer que han estado atentos al desarrollo del proceso electoral en todo el estado y al día de hoy, excepto Ixtepec, informó que hay 20 municipios donde está en curso el recuento de sufragios en el Instituto Electoral del Estado (IEE).
Al respecto, aseveró que no se advierte algún conflicto a la vista, privado del tema postelectoral y, por el contrario, comentó que ha habido una adecuada colaboración entre las instancias que participan.
Confirmó que este domingo hubo protestas en algunos municipios al interior del estado por los resultados de los comicios, pero aclaró que nada que ponga en riesgo la gobernabilidad.
“Hemos intentado dialogar con todos los actores, para que a través de la presentación de impugnaciones sea donde den seguimiento legal a sus inquietudes”, precisó, al último.