El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina informó que la Conagua es la dependencia encargada de regular los pozos de agua clandestinos detectados en la zona metropolitana, como el de la empresa Castores en San Miguel Xoxtla.
Por esta razón, advirtió que desde el Gobierno del Estado apoyarán a la federación para clausurar aquellas extracciones ilegales.
En entrevista, el mandatario estatal dijo que el Gobierno de Puebla trabaja de manera conjunta con la Conagua y reforzarán las acciones para cerrar todos aquellos pozos clandestinos a fin de que el recurso hídrico llegue a la población de todas las colonias y juntas auxiliares durante la temporada de sequía.
“Es un tema de ámbito federal y nosotros estaremos reforzando todo lo que nos diga la dependencia que es Conagua y con mucho gusto estaremos cerrando todo lo que es clandestino, es un tema que hay que tratar, es muy importante, debemos trabajar en ello”, señaló.
Asimismo, Céspedes Peregrina destacó que tienen comunicación constante con la Conagua para alimentar los mantos freáticos a través de la reforestación y mejorar las condiciones en el ciclo del agua, asimismo.
“Esperamos que las aguas no paren y sigan con mucha fuerza, tenemos que alimentar los mantos freáticos, es un tema de la temporada y seguiremos analizando cómo seguir reforestar y seguir generando mejores condiciones para ello”, comentó.
De paso, cuestionó que para el funcionamiento de los pozos se requiere de energía eléctrica, recurso que también podrían estar tomando de manera ilegal por parte de algunas empresas o compañías que venden pipas de agua en la zona metropolitana.
En el inicio de esta semana, los Comités de Agua de Xoxtla y Mihuacán, Maurilio Galiote Mixcóatl, denunció este fin de semana que en la zona conurbada a Puebla existen al menos 41 pozos que operan sin título de concesión, como el que clausuró la Conagua en la empresa Castores, por lo que llamó a las autoridades a regular este tema.
El activista denunció que habría otros cuatro pozos en el municipio de Xoxtla, de donde extraen agua sin la autorización correspondiente del gobierno federal ni de los pobladores que ya padecen la falta de agua para consumo doméstico.